El Congreso bicameral que se implementará en las elecciones de 2026 ha despertado el interés de más de 130 exlegisladores, quienes buscan volver a ocupar un escaño en el Parlamento. Sin embargo, entre estos candidatos se encuentran varios nombres que arrastran graves antecedentes, incluyendo sanciones y condenas.
Según el análisis, la mayoría de estos exlegisladores (91 de 132) aspiran a un curul en el Senado, ya sea a nivel nacional o por circunscripción. Además, se ha detectado que el 57% de ellos han cambiado de partido político en comparación con su última legislatura.
Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y el Apra son los que más exlegisladores han incluido en sus listas, lo que para algunos especialistas representa una apuesta por la experiencia de sus cuadros. Sin embargo, esta situación también puede ser una desventaja, sobre todo cuando se trata de aquellos que fueron denunciados o sancionados en el pasado.
Tal es el caso de Edwin Donayre, exlegislador condenado a cinco años de prisión por el robo de combustible al Ejército, quien ahora postula como senador por el partido Progresemos. Otro ejemplo es Walter Acha, exparlamentario suspendido por 120 días del Congreso en 2021 tras ser acusado de mantener relaciones inapropiadas con una extrabajadora, y que ahora es candidato a diputado por Cooperación Popular.
Para algunos especialistas, la presencia de estos perfiles cuestionados en las listas electorales es una muestra de que algunas agrupaciones políticas buscan llegar al poder sin importar el cómo. Advierten que esta no es una lectura acertada y que podría no dar los resultados esperados.
El proceso electoral de 2026 se perfila como un escenario complejo, con una gran cantidad de rostros conocidos buscando un espacio en el Congreso. Sin embargo, la presencia de exlegisladores con antecedentes problemáticos genera preocupación y plantea interrogantes sobre la calidad de la representación política que los ciudadanos elegirán.
