El año 2025 ha sido marcado por una intensificación sin precedentes de la criminalización y persecución judicial de líderes ambientalistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y críticos del gobierno en El Salvador, según denuncia un periodista y activista social en un artículo publicado.
El texto señala que esta situación es comparable solo a los peores momentos de las dictaduras militares y la guerra civil en el país centroamericano. Entre los casos más destacados se encuentran los del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y cooperativista José Ángel Pérez, la abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quienes fueron detenidos.
Además, el exdirector del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, también fue arrestado, mientras que el defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue devuelto a la misma cárcel donde presenció los abusos que había denunciado públicamente.
El artículo también denuncia el exilio forzado de decenas de periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas sociales y críticos de la dictadura, quienes tuvieron que salir del país para evitar ser detenidos y encarcelados.
Asimismo, se señala que en 2025 continuó el "brutal régimen de excepción" que mantiene detenidas a decenas de miles de personas inocentes, sin derecho a la defensa y sin audiencia judicial. Estas personas enfrentan la amenaza de juicios masivos donde civiles inocentes serán condenados junto a pandilleros culpables.
Uno de los episodios más bochornosos del año, según el texto, fue el secuestro de migrantes venezolanos y salvadoreños encarcelados en la prisión del Centro de Confinación del Terrorismo (CECOT), donde fueron torturados.
El artículo también denuncia la grave destrucción ambiental registrada en 2025, con la reversión de la prohibición de la minería metálica, la contaminación del 95% de las fuentes de agua y la depredación de diversos ecosistemas por proyectos urbanísticos, turísticos y comerciales.
Además, se señala que el año se caracterizó por el profundo endeudamiento público, la corrupción y el saqueo de los fondos de pensiones, así como por el deterioro de las condiciones de vida de la población, con un aumento de la pobreza extrema, el analfabetismo, el desempleo y otros problemas económicos y sociales.
El texto concluye que la única alternativa es que la población se organice y enfrente este "régimen autocrático" para defender sus derechos y construir un nuevo proyecto de país democrático, equitativo, justo, incluyente y sustentable.
