El presidente Gustavo Petro anunció por decreto un incremento del 23.7% en el salario mínimo legal mensual a partir del 1 de enero de 2026, llevándolo de $1.423.500 a $1.750.905. Esta decisión, tomada luego de no lograr un acuerdo en la mesa de concertación salarial, ha generado reacciones encontradas entre distintos sectores políticos y económicos.
Una de las voces críticas ha sido la del exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien calificó el aumento como "irresponsable" y exigió que los políticos asuman sus consecuencias. Briceño propuso que el próximo gobierno implemente "un histórico recorte burocrático y acabe el derroche" para compensar el alza, además de una "gran reducción de impuestos a las empresas".
El anuncio del presidente Petro se dio en una alocución transmitida el lunes 29 de diciembre. Mientras los sindicatos pedían un aumento que compensara el costo de vida, los empresarios advertían sobre posibles efectos negativos en la generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas.
El incremento decretado impacta directamente a los trabajadores formales que devengan el salario mínimo legal mensual, así como otros pagos y valores atados a ese indicador. Sin embargo, quienes ganan más del salario mínimo, los contratistas por prestación de servicios y los trabajadores informales no verán un ajuste automático en sus ingresos.
La decisión del Gobierno se dio luego de varias semanas de conversaciones entre el Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y los gremios empresariales, sin que se lograra un consenso. Ahora, el debate se centra en los posibles efectos económicos y sociales de este aumento salarial decretado por el presidente Petro.
