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Aumento del salario mínimo dispara costos del transporte público en Colombia

Aumento del salario mínimo dispara costos del transporte público en Colombia

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, que lo elevará en un 23% hasta los $2.000.000 pesos mensuales, ha generado preocupación en las ciudades capitales de Colombia. Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), este incremento tendrá un impacto directo en los costos de operación de los sistemas de transporte público urbano, que dependen en gran medida de este concepto salarial.

Asocapitales advirtió que el alza del salario mínimo generará un incremento adicional promedio cercano a los 200 pesos por pasaje en los sistemas de transporte público, sobre el ajuste ya proyectado con base en un incremento del 11%. Esto se debe a que entre un 40% y el 55% de los costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, indexados al salario mínimo.

Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, señaló que "un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas".

La advertencia se extiende a las ciudades intermedias, donde los sistemas estratégicos cuentan con menor respaldo financiero. En Cali, por ejemplo, el impacto del aumento está "profundizando su déficit estructural y obligará al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir reducciones en la calidad del servicio".

En Medellín, donde opera el metro, el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, traduciéndose en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras. En Bogotá, la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria de TransMilenio es significativa, lo que obligará al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio.

Asocapitales advierte que el desafío va más allá de la masa salarial, ya que los sistemas enfrentan al mismo tiempo aumentos en el precio de combustibles, costos de mantenimiento y tasas de interés, además de la volatilidad en la demanda. Por ello, la asociación exhortó al Gobierno a tomar medidas para fortalecer una visión nacional del transporte público, que articule la política laboral con la realidad fiscal de los territorios y garantice sistemas de transporte eficientes, accesibles y financieramente viables para millones de colombianos.

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