Líderes empresariales de diversos sectores en Colombia han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el salario mínimo se incremente en más del 20% para el año 2026. Según los gremios, un aumento de esa magnitud tendría un impacto negativo significativo en la economía del país.
María Helena Ospina, presidenta de Acopi, señaló que un incremento del 17-18% en el salario mínimo "realmente es una afectación a la economía del país", ya que solo 2.4 millones de personas ganan ese monto, mientras que más de 11 millones reciben menos, lo que les haría perder poder adquisitivo.
Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió que un alza salarial de esa cuantía "seguirá condenando al país a tener una informalidad superior al 51%". Esto fue respaldado por José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, quien dijo que un incremento de esa magnitud "va a afectar de manera significativa los costos operacionales" de sectores intensivos en mano de obra.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, calificó un aumento del 23% como "totalmente desproporcionado" y que "no tiene relación con la productividad", lo que generaría "mayores niveles de desempleo y de informalidad".
Desde el gremio de la seguridad privada, Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, señaló que un alza del 23% en el salario mínimo, sumado a los cambios en la jornada laboral, "nos pega el 26%" a su sector, lo que podría llevar a "una informalidad directa".
Finalmente, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, advirtió que el impacto se reflejaría en un aumento de las cuotas de administración en la propiedad horizontal, ya que la seguridad es uno de los rubros más importantes.
En general, los gremios coinciden en que un incremento salarial de más del 20% en 2026 sería "desproporcionado" y tendría un efecto negativo en la competitividad, la generación de empleo formal y la inflación, lo que pondría en riesgo el crecimiento económico del país.
