La Ley 32523, recientemente aprobada en Perú, tiene como objetivo poner fin a la degradación de los ríos y quebradas del país, estableciendo penas privativas de libertad para quienes arrojen residuos sólidos en sus cauces. Sin embargo, los expertos advierten que la eficacia de esta norma enfrenta importantes obstáculos, dados los arraigados problemas de contaminación, informalidad y falta de fiscalización que aquejan a los recursos hídricos peruanos.
La nueva ley llega en un momento en que los informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) han documentado el grave estado de deterioro de ríos como el Rímac, con hasta 449 focos de contaminación a lo largo de sus 145 kilómetros. Asimismo, otros importantes cursos de agua, como los ríos Santa y Tablachaca, presentan serios problemas de presencia de metales pesados que los hacen no aptos para el consumo humano.
Expertos consultados por este medio señalan que, si bien contar con una legislación ambiental más robusta es un paso en la dirección correcta, su éxito dependerá de que exista un Estado capaz de hacer cumplir las normas y una ciudadanía comprometida con la protección de los recursos hídricos. Lamentablemente, en Perú persisten problemas como la corrupción, la informalidad y la débil gestión pública, que han convertido históricamente a los ríos en vertederos de residuos domésticos e industriales.
"La nueva ley es positiva, pero enfrenta el gran desafío de que el imaginario colectivo ve a los ríos como algo que se puede contaminar con impunidad. Revertir esa mentalidad y lograr que la población y las empresas respeten los cauces será clave", señala el experto ambiental Juan Pérez.
Otro aspecto crucial será la capacidad del sistema de justicia para procesar y sancionar de manera efectiva los delitos ambientales que contempla la Ley 32523. Tras el reciente derrame de petróleo en Ventanilla, que evidenció las limitaciones de las autoridades para manejar este tipo de casos, surgen dudas sobre si la fiscalía y el poder judicial estarán a la altura de la tarea.
En resumen, si bien la nueva ley representa un avance en la protección de los ríos peruanos, su éxito dependerá de que se aborden de manera integral los problemas estructurales que han llevado a la degradación de estos recursos hídricos a lo largo de décadas. De no ser así, el texto legal corre el riesgo de convertirse en una "flor de un día", al igual que otras normas ambientales que no lograron revertir la contaminación en las playas y ríos del país.
