Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús "N", ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, por ser presunto responsable de haber participado en la firma de contratos a través de los que se desviaron más de 5 mil millones de pesos del presupuesto destinado al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, Jesús "N" posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para extraer recursos públicos del Oadprs, a fin de canalizarlos a empresas aparentemente controladas por García Luna.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la detención de Jesús "N" se realizó tras cumplimentarle una orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Posteriormente, en audiencia se le imputó la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, y el Juez dictó prisión preventiva oficiosa en el Cefereso Número 1, en Almoloya de Juárez.
Este caso se enmarca dentro de la investigación más amplia sobre la presunta red de corrupción y desvío de recursos públicos que habría sido liderada por Genaro García Luna durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012. García Luna enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción.
La detención de Jesús "N" es un nuevo golpe a la estructura criminal que habría operado bajo el mando de García Luna, y representa un avance en los esfuerzos de la justicia mexicana por esclarecer y sancionar los presuntos actos de corrupción y desvío de fondos que habrían tenido lugar durante ese período.
