La intervención del Gobierno en la empresa de energía Air-e no ha logrado sacarla a flote, y el panorama es cada vez más desolador. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la deuda post toma con los generadores asciende a $2,7 billones, discriminados en $1,6 billones con las generadoras eléctricas y $1,1 billones con las térmicas.
El presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Norman Alarcón, aseguró que el balance es "lamentable". Desde la intervención, la empresa no ha cumplido con los aspectos fundamentales que ordena la Constitución y la ley, y el Gobierno nacional no le ha brindado la inyección de capital necesaria para fortalecerla.
Sin dinero para inyectar en Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos planteó dos soluciones: invertir $1,48 billones en la empresa y entregarle un crédito por $1,52 billones a través de un Conpes, con la obligación de que el Gobierno quedara con los activos; o entregar la operación a Gecelca, una empresa de servicios públicos mixta donde el Estado tiene la mayoría de la participación. Sin embargo, ninguna de estas propuestas se concretó.
Dentro de este panorama, hay algunos aspectos positivos, como la reducción del costo del kilovatio hora, que pasó de $1.200 el año pasado a $795 actualmente. No obstante, el Gobierno aún no ha cumplido debidamente con la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de eliminar la sobretasa de la comercialización, que es parte del régimen especial tarifario.
Otro aspecto positivo es que Air-e compró el 81% de la energía del 2026 para garantizar la continuidad del servicio a sus 1.3 millones de usuarios. Sin embargo, lo que no ha cambiado en la empresa es el constante desfile de agentes interventores, con al menos cuatro cambios en el último año.
Uno de estos interventores, Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, enfrenta una indagación previa de la Procuraduría por un presunto contrato con sobrecostos durante su paso por Air-e. La diligencia del Ministerio Público se dio después de la denuncia de la Revista Cambio por un contrato firmado por Palma con el Consorcio SEC, que habría tenido un sobrecosto del 60%.
