El Estado dominicano ha desembolsado miles de millones de pesos en subsidios e incentivos fiscales a diversos sectores, siendo el más beneficiado el de la generación y distribución de energía eléctrica, que acapara el 85.4% del total reembolsado.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Economía, hasta el 21 de noviembre de 2025 se habían devuelto 11,644.5 millones de pesos en concepto del "Impuesto selectivo al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo" a 20 sectores productivos. De ese monto, 9,944.8 millones (85.4%) fueron destinados a la generación y distribución de electricidad, incluyendo 9,388 millones a las empresas generadoras y 556.4 millones a las distribuidoras.
En contraste, el subsidio especial otorgado al sector transporte, mediante la exoneración de impuestos a 5.6 millones de galones de gasoil al mes, representa un sacrificio fiscal de 272 millones de pesos por mes, es decir, 3,265 millones al año. Esto evidencia que el apoyo a la industria eléctrica eclipsa ampliamente al destinado a los transportistas.
"A pesar de los recursos destinados, los resultados no muestran mejoras en las pérdidas. Estas siguen representando una proporción significativa de la energía adquirida, lo que evidencia falta de responsabilidad sobre los resultados y debilidad de los incentivos fiscales", señaló recientemente el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco.
De acuerdo con datos citados por Di Franco, las Empresas Distribuidoras de Electricidad acumularon pérdidas totales equivalentes al 44.2% de la energía comprada durante los primeros ocho meses del 2025.
Además del sector eléctrico, otros beneficiarios relevantes de estos reembolsos de impuestos selectivos son la minería, con 967.7 millones de pesos, y el turismo, con 432 millones. También se han beneficiado industrias como la de envases de vidrio, cemento, siderurgia, caucho, cigarros y otros.
Estos subsidios y exenciones fiscales forman parte de los esfuerzos del Gobierno por amortiguar los efectos de la crisis energética y apuntalar sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, la persistencia de las pérdidas en el sector eléctrico y la falta de parámetros claros en la asignación de los subsidios al transporte cuestionan la eficacia de estas medidas.
