Capotillo, un barrio emblemático de la desigualdad urbana en Santo Domingo, ha sido durante décadas un desafío constante para los diferentes gobiernos de la República Dominicana. Marcado por la exclusión social, la violencia y una relación tensa con el Estado, este sector del Distrito Nacional ha sido testigo de protestas, muertes y desconfianza, reflejados en las páginas de los medios de comunicación a lo largo de los años.
En agosto de 2025, el presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno busca "transformar la imagen de Capotillo", apostando por una mayor presencia institucional y por intervenciones sociales orientadas a la recuperación del territorio y su integración a la ciudad formal. Sin embargo, la memoria y los registros periodísticos revelan que esta no es la primera vez que se plantea una iniciativa de este tipo.
En mayo de 2001, el Diario Libre titulaba en su portada: "Intervención de las FF. AA. en pesquisa de Capotillo ponía a Candelier en la cuerda floja". En ese momento, el general Pedro de Jesús Candelier, jefe de la Policía Nacional, enfrentaba la presión social y las exigencias de renuncia tras la muerte de tres ciudadanos durante la represión de protestas comunitarias que exigían justicia.
Este episodio condensó una dinámica que se repetiría con los años: operativos de fuerza, denuncias de abusos policiales, respuestas militarizadas y promesas de investigación que no lograban recomponer la confianza de la comunidad. Capotillo aparecía no solo como un problema de seguridad, sino como el reflejo de fallas estructurales más profundas en materia de derechos, oportunidades y presencia estatal efectiva.
La narrativa de intervención y transformación no es nueva en la agenda política. Desde el Congreso, la exsenadora y actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió en varias ocasiones a Capotillo como uno de los territorios donde el Estado debía ir más allá de los operativos policiales y apostar por políticas sociales sostenidas.
Antes, el entonces secretario de Estado de Interior y Policía durante ocho años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (2004-2012), Franklin Almeyda Rancier, también reconoció públicamente la complejidad del problema, señalando que Capotillo representaba un desafío estructural para las autoridades, al tratarse de un barrio donde la pobreza, la informalidad y la debilidad institucional se habían acumulado durante décadas.
Frente a este cuadro de exclusión estructural, precariedad y respuestas estatales intermitentes, algunas intervenciones sociales han logrado abrir espacios de contención y oportunidades en Capotillo, especialmente para la niñez y la adolescencia. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, Save the Children Dominicana desarrolló iniciativas educativas y de protección que impactaron a 1,777 personas, logrando avances en ámbitos como la reincorporación al sistema educativo y la identificación de situaciones de violencia o abuso.
Sin embargo, estos logros, aunque relevantes, contrastan con la magnitud de las carencias estructurales del sector, dejando en evidencia que los esfuerzos focalizados de organizaciones sociales, por sí solos, no sustituyen a las políticas públicas capaces de revertir décadas de exclusión en Capotillo.
