El Gobierno de Ecuador ha dispuesto el cierre parcial de los pasos fronterizos con Colombia y Perú desde el 24 de diciembre, dejando habilitados únicamente los cruces de Rumichaca, en la frontera norte, y Huaquillas, en el sur. Esta medida, justificada por razones de "seguridad nacional", busca combatir las actividades del crimen organizado que operan en estas zonas limítrofes.
Según el Ministerio de Gobierno, el análisis técnico y de inteligencia realizado ha determinado que el cierre de cruces irregulares utilizados por organizaciones delictivas permitirá frenar economías criminales asociadas a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación y rechazo en provincias fronterizas como Loja, donde sectores productivos y turísticos alertan sobre un posible impacto negativo en la economía local.
Las cifras de Migración muestran la magnitud del problema. Hasta el 24 de diciembre, Ecuador contaba con siete pasos fronterizos terrestres habilitados oficialmente, siendo Huaquillas y Rumichaca los que concentraron la mayor movilidad durante el año, con más de 450.000 ingresos y cerca de 469.000 salidas del país. Cruces como Macará, ahora inhabilitados, también tenían una relevancia económica y social significativa para las poblaciones locales.
El trasfondo de esta decisión gubernamental se conecta con un escenario regional cada vez más complejo. Investigaciones periodísticas han revelado que, en los últimos dos años, narcotraficantes y grupos armados irregulares han ganado un control importante sobre amplios tramos de la frontera ecuatoriana, desplazando en la práctica a las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia.
Según informes de inteligencia, estas organizaciones criminales manejan los flujos de entrada y salida entre ambos países, con capacidad para comprar voluntades políticas, judiciales y policiales. Además, han invertido en infraestructura ilegal, construyendo carreteras y puentes en zonas selváticas para facilitar el transporte de cocaína producida en regiones colombianas.
Ecuador se ha convertido en un corredor clave para la salida de la droga hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. El excomandante de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, afirmó que cerca de 900 de las 1.500 toneladas de cocaína que produce Colombia cada año transitan por territorio ecuatoriano.
A este panorama se suma la expansión de bandas delictivas ecuatorianas, como los Choneros y los Tiguerones, cuya presencia ya ha sido detectada en Perú. El aumento de actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de armas y la migración irregular, ha deteriorado las condiciones de seguridad a lo largo de los 1.529 kilómetros de frontera entre Ecuador y Perú, afectando tanto a poblaciones locales como a comunidades indígenas.
En la Amazonía, la situación es aún más crítica. Un informe advierte que esta zona se ha convertido en uno de los espacios fronterizos más conflictivos de la cuenca amazónica, con disidencias de las FARC y organizaciones criminales ecuatorianas compitiendo violentamente por el control del narcotráfico y la minería ilegal.
Más allá del impacto en seguridad, estas economías ilícitas generan una grave degradación ambiental, con deforestación masiva y contaminación de ríos y suelos, poniendo en riesgo un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático.
Los investigadores subrayan la necesidad de una respuesta regional articulada, basada en la armonización de marcos legales, el respeto a los derechos de las comunidades locales y una estrategia integral de justicia y sostenibilidad. Los recientes acuerdos de cooperación militar entre Colombia, Ecuador y Perú representan un paso en esa dirección, aunque su éxito dependerá del respaldo político, el financiamiento y la voluntad de sostener una acción conjunta a largo plazo.
