Myanmar, sumido en un conflicto armado desde el golpe de Estado de 2021, celebró este domingo la primera de las tres fases de unas elecciones generales calificadas de fraudulentas por la ONU y la oposición prodemocrática, que llamó a la abstención.
A pesar del llamado al boicot, miles de ciudadanos acudieron a las urnas, aunque la ONU y activistas de derechos humanos denunciaron que algunos fueron obligados a votar por amenazas o para evitar ataques del Ejército. La junta militar, que reforzó la vigilancia y el despliegue policial, ha declarado que el proceso fue "libre y justo".
Después de 10 años de incipiente democracia, el poder político en Myanmar volvió a caer en manos del Ejército en 2021, cuando los militares encarcelaron a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, cuya Liga Nacional por la Democracia (LND) arrasó en los comicios de 2015 y 2020.
Con Suu Kyi tras las rejas y la LND ilegalizada, la junta permitió que para estas votaciones se inscribieran 57 partidos, solo seis de alcance nacional y todos cercanos a los militares o conformados por personas vinculadas a los golpistas.
El Gobierno de Unidad Nacional (NUG) depuesto en el golpe, que mantiene un grupo de representación en la clandestinidad y el exilio, rechazó las elecciones y pidió a la comunidad internacional no reconocer los resultados.
Observadores de China, Rusia e India acudieron a Myanmar para presenciar estos comicios, en una señal más de acercamiento entre estos países y los líderes del Ejército, sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlos responsables de violencia y abusos contra civiles.
El general Min Aung Hlaing, proclamado este año por la junta como presidente interino, se negó a adelantar la posición que ocupará en el próximo Gobierno. Su formación, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), ya ganó en 28 circunscripciones en las que no se inscribieron contendientes y tiene asegurado el 25% de los escaños gracias a un apartado constitucional que da esa cuota al Ejército.
Así, las elecciones afectan a 498 de los 664 escaños del Parlamento bicameral, en un proceso que la oposición y la comunidad internacional han calificado de fraudulento y que busca consolidar el poder de la junta militar en Myanmar.
