Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, impulsada por el aumento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra esas estructuras, a las que pasó a calificar de "terroristas".
La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, cuestionó en una entrevista con EFE que el reclutamiento de menores aún no esté tipificado como delito en el país, un fenómeno que mantiene en alerta al Gobierno frente a las operaciones de estos grupos.
Pinto aseveró que, con el Gobierno de Noboa, se va a trabajar "por primera vez en Ecuador" el tema del reclutamiento, mientras que "Colombia trabaja más de 50 años (para evitar) el reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes".
"Nosotros ni siquiera tenemos tipificado el delito. No hay un delito que te diga que te puedan juzgar por reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes", dijo la vicepresidenta en la entrevista.
Según Pinto, entre otras formas de sometimiento, las menores son captadas para explotación sexual y trabajo doméstico, mientras que los niños son incorporados a actividades delictivas en las calles.
A mediados de 2023, el Gobierno creó un comité que trabaja sobre tres escenarios para erradicar el enrolamiento de menores en grupos delictivos. El primero trata con menores que ya hayan sido detenidos o hayan estado involucrados en procesos penales, con una "estrategia puntual de rescate" y, después, vinculándolos a servicios del Estado.
En junio de 2023, el entonces ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, dijo que en el primer semestre de 2025 entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados por su vinculación con el crimen organizado. En el año anterior, entre enero y octubre, la cifra fue de 3.086 niños detenidos.
El segundo escenario se centra en niños que, si bien todavía no han tenido problemas con las fuerzas de seguridad, están "de alguna forma vinculados" con el conflicto armado. El tercero, centrado en la prevención, se focaliza en menores residentes en zonas identificadas como "prioritarias por la intensidad del conflicto".
Pinto comentó que, para evitar el reclutamiento, ya se están registrando desplazamientos internos voluntarios, ya que los padres buscan alejar a los menores de zonas conflictivas, una situación que, por otra parte, genera dificultades en el acceso a servicios de salud y educación.
Además, el Gobierno trabaja con organismos internacionales para apoyar a los menores involucrados y está implementando acciones inmediatas, como los servicios de las casas de acogida para adolescentes.
En asuntos de prevención, Pinto señaló que avanzan en temas deportivos y culturales para atraer a los menores cuando salen de clases y que no se involucren con bandas criminales.
Pese a los esfuerzos del Gobierno, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en 2025, en el que el 71% de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".
