La cadena estadounidense CBS News retiró poco antes de su publicación, un reportaje de su programa insignia 60 Minutes sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en un contexto marcado por la negativa de la Casa Blanca a participar en la investigación y por exigencias internas para incorporar voces del Gobierno estadounidense.
La decisión, documentada por The New York Times, provocó una fuerte controversia dentro de la propia redacción y reavivó el debate sobre la independencia editorial de los grandes medios en Estados Unidos.
El segmento, que ya había sido promovido públicamente por CBS y aprobado por sus equipos legales y de estándares editoriales, fue retirado apenas tres horas antes de su transmisión prevista en Estados Unidos. La cadena sostuvo que la pieza "necesitaba más reporteo", pero la corresponsal a cargo, Sharyn Alfonsi, afirmó en una comunicación interna que el trasfondo fue político: la negativa del Gobierno del presidente Donald Trump a conceder entrevistas o comentarios adicionales, cuya inclusión fue planteada por la nueva dirección editorial como condición para emitir el reportaje.
"Nuestra historia fue revisada cinco veces y aprobada tanto por los abogados de CBS como por el Departamento de Normas y Prácticas", escribió la Sra. Alfonsi en la nota, de la cual The New York Times obtuvo una copia. "Es objetivamente correcta. En mi opinión, retirarla ahora, después de haber superado todas las rigurosas comprobaciones internas, no es una decisión editorial, sino política".
La cancelación de un segmento de 60 Minutes a pocas horas de su emisión es un hecho excepcional en la historia del programa, considerado durante décadas uno de los referentes del periodismo investigativo en televisión. Según reconstrucciones publicadas por The New York Times, la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, solicitó cambios sustantivos al reportaje días antes de su emisión, entre ellos la incorporación de entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca vinculados a la política migratoria.
El equipo periodístico gestionó solicitudes de comentario ante la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, sin obtener respuesta. Para Alfonsi, convertir esa falta de participación oficial en un argumento para frenar la publicación sentaba un precedente peligroso. "Si la negativa de la administración a participar se convierte en una razón válida para enterrar una historia, habremos entregado un 'interruptor de apagado' para cualquier reportaje que consideren inconveniente", escribió en su nota interna, citada por el diario neoyorquino.
El documental, titulado Inside CECOT, ofrecía una mirada detallada a la megacárcel construida por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a partir de testimonios directos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en esa prisión de máxima seguridad. La historia central era la de Luis Muñoz, un joven venezolano que llegó a Estados Unidos para solicitar asilo y fue detenido durante una cita con autoridades migratorias en California. Sin antecedentes penales conocidos, fue deportado a El Salvador y trasladado al CECOT, donde según su testimonio permaneció recluido bajo condiciones extremas.
Muñoz relató que, al ingresar a la prisión, un guardia le dijo: "Bienvenido al infierno". Denunció haber sido golpeado por custodios, sometido a humillaciones constantes, privación prolongada de agua potable y castigos físicos y psicológicos. En el reportaje describió episodios de aislamiento en celdas de castigo sin luz ni ventilación, conocidas como "la isla", donde según su relato los internos eran golpeados de forma reiterada. Otros exreclusos entrevistados ofrecieron testimonios similares.
El material audiovisual mostraba imágenes de internos con la cabeza rapada, semidesnudos, alineados frente a literas metálicas apiladas, con iluminación permanente y sin colchones, almohadas ni acceso regular a agua limpia.
La investigación incorporaba información de Human Rights Watch, que en un informe de 81 páginas documentó un patrón de presuntas torturas y tratos crueles en el CECOT. Según ese análisis, una proporción significativa de los detenidos estudiados no contaba con antecedentes penales verificables.
El reportaje también citaba un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2023 que advertía sobre condiciones carcelarias "potencialmente letales" y denuncias creíbles de tortura en prisiones salvadoreñas. 60 Minutes indicó que corroboró de manera independiente parte de los hallazgos presentados por organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades salvadoreñas y estadounidenses declinaron hacer comentarios para el reportaje, una ausencia que fue consignada explícitamente en la pieza.
Aunque el segmento no se emitió en Estados Unidos, el reportaje apareció brevemente en Canadá a través de Global TV, socio de 60 Minutes en ese país. Durante varias horas estuvo disponible en plataformas digitales, antes de ser retirado. Copias del video circularon rápidamente en redes sociales, amplificando la controversia y las críticas por censura editorial.
CBS afirmó posteriormente que la publicación en Canadá fue un error y que inició gestiones para retirar el material de circulación no autorizada.
El presidente Nayib Bukele rechazó las acusaciones de tortura y defendió el CECOT como un pilar de su estrategia contra las pandillas. En mensajes públicos, respondió a críticas de figuras como Hillary Clinton, negando abusos sistemáticos y asegurando que su gobierno está dispuesto a cooperar con investigaciones internacionales, aunque bajo condiciones específicas.
Bukele afirmó que "si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente" liberando a toda la población carcelaria a cualquier país dispuesto a recibirla. "La única condición es sencilla: deben ser todos", recalcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a "todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos".
La polémica ocurre en un momento en que varios países de la región observan con atención el modelo de seguridad salvadoreño. En Costa Rica, el gobierno ha manifestado interés en cooperar con El Salvador en materia de seguridad y ha explorado, de manera preliminar, modelos penitenciarios de gran escala.
Más allá del caso salvadoreño, el episodio reabrió un debate central para el periodismo contemporáneo: hasta qué punto los grandes medios pueden sostener investigaciones incómodas cuando estas chocan con el poder político y con intereses corporativos. Como advirtió la propia corresponsal del reportaje, el riesgo no es solo que una historia no se emita, sino que se erosione la confianza pública en la capacidad del periodismo para cumplir su función esencial: informar con rigor, independencia y sin condicionamientos.
