El Gobierno de Javier Milei se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir dólares y hacer frente a los vencimientos de deuda que se avecinan. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha anunciado una serie de medidas que apuntan a la privatización de empresas públicas como una de las principales estrategias para obtener los fondos necesarios.
Según informó Caputo, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos por USD 4.300 millones el próximo 9 de enero, lo que representa solo la primera estación de una seguidilla de pagos que se extenderá hasta 2026. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de venta de activos estatales, que incluye la concesión de las hidroeléctricas Comahue, un negocio que aportará USD 700 millones, y la privatización de otras empresas públicas como Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales.
"Se pueden acumular reservas de diferentes formas (...). Puede ser porque entran inversiones, porque hay financiamiento de compañías o de otras provincias que eventualmente querrán deshacerse de los dólares y entonces el Tesoro siempre va a tener la opción, con esos pesos que retiro del mercado por el superávit fiscal, de comprarlos", explicó Caputo.
Según los balances publicados por la Oficina Nacional de Presupuesto, algunas de estas empresas públicas han mostrado resultados deficitarios a pesar de recibir importantes transferencias del Estado. Por ejemplo, AYSA tenía un rojo de $253.111,5 millones en el segundo trimestre de 2025, aunque recibió $86.958,7 millones en subsidios. Belgrano Cargas, por su parte, registraba un déficit de $23.482,3 millones, pero con $35.352,2 millones de transferencias.
Sin embargo, la situación ha ido mejorando en algunos casos, como el de AYSA, que para el mismo período reportaba ganancias por $48.623,2 millones. Pero en otros, como Sofse, el déficit aún es elevado, alcanzando los $15.156,3 millones, a pesar de haber recibido $510.112,9 millones del Estado.
En este contexto, el Gobierno ha anunciado la convocatoria a un concurso público nacional e internacional para la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país, de la cual el Estado es socio junto a Pampa Energía. Además, se prevé que antes de fines de 2026, el Estado se desprenda de los activos de Intercargo SAU y Transener (parte de Enarsa), pasándolos a manos privadas.
Según fuentes del Ministerio de Economía, la venta de Intercargo podría aportar USD 30 millones a las arcas del Tesoro. En el caso de Transener, el Estado detenta el 26,32% de la empresa de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de Citelec, la sociedad controlante de la transportista.
La próxima empresa en la mira del Gobierno sería AYSA, aunque aún se deben llevar a cabo tareas para hacerla atractiva para el sector privado, como el ajuste de la tarifa y el recorte de subsidios económicos a los usuarios.
En resumen, el Gobierno de Milei se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir dólares y hacer frente a los vencimientos de deuda, y la venta de empresas públicas se ha convertido en una de las principales estrategias para lograrlo.
