La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la AFA y de los principales clubes del país.
La acusación, presentada ante el juez Diego Amarante, se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones. Se trata de la primera vez que Tapia y Toviggino quedan formalmente imputados en una causa de estas características.
Según fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones. En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.
Además, el fiscal sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Esta causa se suma a otras dos que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
