El análisis de la política fiscal aplicada en República Dominicana durante los últimos 16 años revela un preocupante deterioro de las finanzas públicas. Según un estudio realizado por la economista Rosa Cañete Alonso para la Fundación Frederich Ebert Stiftung, el país enfrenta serios desafíos fiscales que ponen en riesgo su estabilidad económica.
Durante el período 2008-2019, los ingresos públicos se mantuvieron en un nivel prudente, representando el 14.2% del PIB, mientras que los gastos alcanzaron el 16.5%, generando un déficit de 2.4% del PIB. Esta situación permitió que la deuda pública se mantuviera en niveles manejables, llegando al 43.2% del PIB, con un gasto en intereses del 2.3% del PIB.
Sin embargo, la política fiscal aplicada en el período 2021-2025 (excluyendo 2020 por la pandemia) muestra un panorama muy diferente. Los ingresos públicos aumentaron al 15.8% del PIB, pero el gasto público se disparó al 19% del PIB, dando como resultado un déficit del 3.1% del PIB. Para financiar este déficit, la deuda pública se elevó a un alarmante 59.1% del PIB, y los intereses a pagar alcanzaron el 3.2% del PIB.
Detrás de estos resultados se esconde un abultado gasto corriente, un déficit estructural financiado con deuda, y una caída histórica del gasto de capital. Además, se han incrementado los subsidios, las exoneraciones, el gasto social sin control y el de publicidad gubernamental.
Según la economista Cañete Alonso, el gran cambio es que desde 2020 los ingresos corrientes ya no alcanzan a cubrir los gastos corrientes, es decir, hay un déficit primario que el país nunca había tenido y que no ha conseguido revertir tras la pandemia. Actualmente, el Estado dominicano no sólo se endeuda para invertir, sino que también lo hace para cubrir gastos recurrentes.
Este profundo deterioro en la calidad del gasto público genera un escenario en el que ni los empresarios ni los trabajadores apoyarían una nueva reforma fiscal. Lo primero que se debe hacer, según la experta, es reorganizar las finanzas públicas y mejorar sustancialmente la calidad del gasto, para luego evaluar la necesidad de una reforma fiscal y tributaria.
