La Cámara de Casación emitió un fallo categórico sobre la muerte de un oficial en 2003, estableciendo que existe responsabilidad institucional incluso si se trata de un presunto suicidio. Este veredicto sienta un precedente clave para abordar los recientes casos de soldados y gendarmes que fallecieron en circunstancias similares.
El tribunal señaló que cuando muere un soldado en servicio, hay responsabilidad penal que recae sobre los jefes y superiores. Esto se debe al incumplimiento de los deberes de funcionario público, como asignar misiones que el efectivo no estaba en condiciones de cumplir. Además, puede haber abandono de persona por negligencia al no realizar los estudios y tratamientos psiquiátricos necesarios.
Incluso no se descarta la posibilidad de homicidio culposo o agravado. Estos conceptos jurídicos ponen un marco claro a los hechos ocurridos en los últimos días, donde tres soldados y un gendarme fallecieron en presuntos suicidios.
El fallo de la Cámara de Casación frena los intentos de calificar estas muertes como "temas personales" o "dramas individuales", y las enmarca como casos de violencia institucional que conllevan responsabilidades para quienes pudieron haber producido o no evitado estos desenlaces.
En el caso de 2003, los jueces inicialmente intentaron catalogarlo como suicidio y cerrar el caso, pero el tribunal superior consideró que no se investigó lo suficiente el posible hostigamiento que pudo haber sufrido el soldado por parte de sus superiores. De hecho, las explicaciones sobre la muerte fueron consideradas insuficientes.
Este precedente sienta las bases para un análisis exhaustivo de los últimos hechos trágicos, que están actualmente bajo investigación. La Cámara de Casación ha dejado claro que la muerte de un soldado en servicio no puede ser tratada como un asunto meramente individual, sino que conlleva responsabilidades institucionales que deben ser esclarecidas.
