El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia estudia la posible revocatoria de la candidatura a la Cámara de Representantes por el Magdalena de Alberto Mario Gutiérrez Uribe, aspirante del Centro Democrático, tras admitir una demanda por presunta doble militancia. Este proceso podría sacarlo de la contienda electoral de 2026 y vuelve a poner en debate la legalidad de los avales políticos y el cumplimiento de las normas electorales en el país.
Según lo expuesto, Gutiérrez Uribe habría permanecido vinculado al Partido Demócrata Colombiano incluso después de haberse inscrito con el aval de otra colectividad, el Centro Democrático. De confirmarse esta situación, se trataría de una conducta prohibida por la ley, al desconocer las normas que regulan la militancia y la coherencia entre partidos.
El CNE activó el conteo de tres días para que el candidato entregue sus pruebas, mientras se encamina una decisión que podría dejarlo por fuera de la contienda electoral. Uno de los soportes del proceso es una certificación del Partido Demócrata Colombiano, en la que se indica que Gutiérrez Uribe figuró como militante hasta el 12 de diciembre de 2025, pese a que el período oficial de inscripciones cerró el 8 de diciembre. Este detalle es el que hoy mantiene bajo revisión la legalidad de su aspiración.
El caso de Gutiérrez Uribe no sería aislado. En la misma lista a la Cámara por el Magdalena se advierten posibles irregularidades en otras candidaturas, como las de María Claudia Pacheco Aarón y Isis Margarita Navarro Cera, quienes habrían recibido avales de partidos diferentes sin que exista prueba oficial de renuncia a la primera militancia.
La decisión del Consejo Nacional Electoral marcará un precedente clave en la defensa de la transparencia y la coherencia del sistema de partidos en Colombia. Más allá de los nombres y los avales, el caso vuelve a poner sobre la mesa que las reglas electorales no son un trámite formal, sino una obligación legal cuyo incumplimiento puede costar una candidatura.
