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Comunidades indígenas de Bolivia exigen estudios ambientales para explotación de litio

Comunidades indígenas de Bolivia exigen estudios ambientales para explotación de litio

Las comunidades indígenas del suroeste de Bolivia, donde se encuentra el mayor yacimiento de litio del país, han solicitado al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de este recurso incluyan estudios ambientales exhaustivos y la consulta previa a estas poblaciones. Su objetivo es que sus derechos sean reconocidos y que estas iniciativas no tengan impactos negativos en la región.

Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, ubicadas principalmente en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. Este mineral es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y otros dispositivos electrónicos, lo que lo convierte en un recurso estratégico a nivel global.

Sin embargo, la explotación de litio ha generado preocupación entre las comunidades indígenas de la zona, quienes temen que pueda afectar sus modos de vida y el delicado equilibrio medioambiental de la región. Por ello, han solicitado al Gobierno que los proyectos de extracción incluyan estudios de impacto ambiental rigurosos y que se les consulte previamente sobre cualquier iniciativa que pueda afectarles.

"Queremos que nuestros derechos como pueblos indígenas sean respetados y que la explotación de litio no tenga consecuencias negativas para nuestras comunidades", señaló un portavoz de las organizaciones indígenas de la zona.

Hasta el momento, el Gobierno boliviano no se ha pronunciado oficialmente sobre esta solicitud. Sin embargo, la presión de las comunidades indígenas podría obligar a las autoridades a tomar medidas para garantizar una explotación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

La explotación del litio en Bolivia es un tema delicado y complejo, que involucra intereses económicos, ambientales y de derechos humanos. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo abierto y una negociación equilibrada entre el Gobierno, las empresas y las comunidades indígenas afectadas.

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