El proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, ingresa este viernes al Senado para su tratamiento. La iniciativa plantea una modificación de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con efectos relevantes sobre el uso de los llamados "dólares del colchón", el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los esquemas de moratoria por deudas impositivas, entre otros aspectos centrales.
Desde el oficialismo, presentaron la propuesta como un instrumento orientado a reducir la conflictividad fiscal y estimular la formalización de ahorros no declarados. Si bien el texto no incorpora de manera explícita un régimen de blanqueo de capitales, sí introduce cambios en normas tributarias y penales que limitarían el accionar persecutorio del Estado en situaciones de evasión de menor cuantía, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción.
Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.
El proyecto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.
Otra de las secciones más discutidas es la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.
Aunque en el debate público el proyecto se asocia con una vía para incentivar que los argentinos "saquen los dólares del colchón" y los integren al circuito formal, los especialistas aclaran que no hay un régimen específico de blanqueo ni disposición que obligue o garantice condonaciones automáticas. El supuesto efecto sobre los fondos no declarados es indirecto: al limitar el uso de indicios patrimoniales no justificados como disparadores automáticos de inspecciones y actualizar los criterios fiscales, el proyecto intenta reducir el riesgo percibido por ahorristas informales al momento de usar sus activos en la economía formal.
Tras su paso por Diputados, el texto quedó a la espera de tratamiento en el Senado, con el oficialismo impulsando su aprobación antes de fin de año junto con el Presupuesto 2026. La iniciativa genera debate entre economistas, tributaristas y sectores productivos: algunos destacan que moderniza criterios de fiscalización y puede reducir litigiosidad; otros advierten que, sin cambios institucionales más amplios en la administración tributaria, sus efectos reales sobre la formalización de activos informales podrían ser limitados.
