El Concejo Metropolitano aprobó una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), un mecanismo que permite que el costo de las obras públicas municipales sea asumido por los vecinos que se ven beneficiados directamente por dichas intervenciones.
La CEM es un instrumento que se utiliza cuando el municipio realiza obras de infraestructura, como la construcción de calles, veredas, redes de servicios públicos, plazas o parques. Antes de la reforma, el costo de estas obras era repartido de manera uniforme entre todos los propietarios de los inmuebles ubicados en la zona de influencia, sin considerar el nivel de beneficio que cada uno recibía.
Ahora, con la nueva normativa, el monto a pagar por cada vecino será proporcional al grado de mejora que experimenten sus propiedades. Aquellos que se vean más beneficiados, ya sea por un aumento en el valor de sus inmuebles o por una mejor calidad de vida, deberán asumir una mayor parte del costo total de la obra.
"Esta reforma es fundamental para que las obras municipales se financien de manera más justa y equitativa", explicó el presidente del Concejo Metropolitano. "Anteriormente, había vecinos que pagaban lo mismo que sus vecinos, pero recibían mucho menos beneficio. Ahora, cada uno aportará según lo que realmente le corresponde".
La CEM se calcula en base a diversos factores, como el frente del terreno, la superficie, el uso del suelo y el nivel socioeconómico de la zona. Estos elementos serán evaluados por técnicos municipales para determinar el monto que deberá abonar cada propietario.
Según las autoridades, esta medida permitirá que las obras públicas se realicen de manera más eficiente y con mayor apoyo de la comunidad, ya que los vecinos percibirán una relación más directa entre lo que pagan y los beneficios que obtienen.
"Antes, muchos vecinos se oponían a las obras porque sentían que estaban pagando de más. Ahora, al ver que su contribución es proporcional, estarán más dispuestos a aceptarlas y colaborar", señaló el concejal responsable de la reforma.
La nueva normativa entrará en vigencia de manera gradual, aplicándose primero a las obras que se inicien a partir del próximo año. De esta forma, el municipio espera poder recaudar los fondos necesarios para mantener y mejorar la infraestructura urbana de manera sostenible.
