Chile se encuentra en un momento decisivo para consolidar su desarrollo digital. Si bien el país ha logrado importantes avances en conectividad, con más del 90% de los hogares urbanos con acceso a internet y liderando en América Latina en despliegue de fibra óptica, persisten brechas que amenazan con transformar la digitalización en una promesa incompleta.
La brecha no es solo de acceso, sino también de confianza. Mientras la penetración de banda ancha fija en zonas urbanas supera el 80%, en áreas rurales aún existen comunas donde menos de la mitad de los hogares cuenta con conectividad de calidad. Además, el uso intensivo de datos personales por parte del Estado y de empresas privadas avanza más rápido que la capacidad del país para protegerlos, gobernarlos y asegurar su uso legítimo.
La digitalización, por sí sola, no es sinónimo de desarrollo. La interoperabilidad de sistemas públicos, la expansión de servicios financieros digitales, la telemedicina o la educación en línea solo generan valor cuando las personas confían en que sus datos serán tratados con responsabilidad y seguridad. Hoy, esa confianza es frágil, ya que Chile registra un aumento sostenido de incidentes de ciberseguridad, ataques a infraestructuras críticas y filtraciones de información.
En este contexto, la recién constituida Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales enfrenta el desafío de poner en marcha una normativa que entrará en vigor en diciembre de 2026. El diagnóstico inicial es claro: los plazos son exigentes, los recursos limitados y la futura Agencia de Protección de Datos deberá nacer con atribuciones y capacidades reales de fiscalización, orientación y promoción del cumplimiento.
El nuevo gobierno chileno tiene la oportunidad de cerrar esta brecha histórica y alinearse con estándares internacionales. Esto requiere liderazgo desde el sector de telecomunicaciones, coordinación intersectorial, capacidades técnicas en el Estado y una visión clara que articule conectividad, desarrollo productivo, seguridad y derechos fundamentales.
Avanzar en protección de datos y ciberseguridad no frena la innovación; la habilita. La confianza digital es una ventaja competitiva para atraer inversión, escalar servicios tecnológicos y profundizar la digitalización del Estado. Sin confianza, no hay conectividad que sostenga un desarrollo digital inclusivo, competitivo y democrático.
