La nacionalización del petróleo en Venezuela: un acto soberano y jurídicamente sólido

La nacionalización del petróleo en Venezuela, ejecutada el 1 de enero de 1976, ha sido objeto de interpretaciones simplistas y, en algunos casos, deliberadamente tergiversadas. Sin embargo, este proceso fue el desenlace lógico, legal y soberano de un proceso iniciado décadas antes, basado en concesiones con fecha de vencimiento y en el derecho internacionalmente reconocido de los Estados sobre sus recursos naturales.

Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, Venezuela otorgó concesiones petroleras a empresas extranjeras, principalmente norteamericanas y europeas. Estas concesiones no transferían la propiedad del subsuelo, sino que autorizaban la explotación por plazos definidos, usualmente entre 20 y 40 años. Desde su origen, dichas concesiones contenían un elemento clave: la temporalidad. Jurídicamente, las empresas sabían y aceptaban que, al vencimiento del plazo, los activos y derechos revertían al Estado venezolano, salvo renovación expresa bajo nuevas condiciones.

A partir de 1943, con la nueva Ley de Hidrocarburos y el principio del 50/50, Venezuela comenzó a ejercer una soberanía fiscal efectiva. Durante las décadas siguientes, el país no confiscó, no expulsó ni rompió contratos: esperó a que las concesiones vencieran, a que el marco legal estuviera maduro y a que el Estado tuviera capacidad técnica y administrativa.

Cuando Carlos Andrés Pérez asume la presidencia en 1974, el ciclo concesionario estaba agotado. La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (1975) no violó contratos vigentes, porque no los había. Lo que existía eran concesiones próximas a expirar. El Estado venezolano decidió no renovar las concesiones vencidas, reconoció las indemnizaciones pactadas, garantizó la continuidad operativa y preservó la estabilidad del suministro mundial.

La creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue otro elemento central de la legitimidad del proceso. Las antiguas concesionarias no fueron expulsadas de inmediato; se transformaron en operadoras bajo control estatal, garantizando transferencia tecnológica, estabilidad laboral y continuidad productiva. Este diseño demuestra que la nacionalización no fue un gesto populista, sino una política de Estado cuidadosamente planificada.

La nacionalización petrolera venezolana de 1976 fue legal, legítima y reconocida internacionalmente, porque respetó los contratos y sus vencimientos, respondió al interés nacional y no violó el derecho internacional. Confundir este proceso con expropiaciones arbitrarias posteriores es una distorsión histórica peligrosa, que ignora una de las decisiones más sólidas jurídica e institucionalmente tomadas por la República en el siglo XX.