Presidente del Consejo de la Judicatura implicado en intento de influir en caso de lavado de activos

El escándalo que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Godoy, y al director del mismo organismo en Pichincha, Patricio Gaibor, por presunto intento de influir en un caso de lavado de activos, ha puesto en jaque la credibilidad del sistema de justicia ecuatoriano.

Según la información revelada, Gaibor habría mantenido una "conversación" con el juez Serrano, buscando influir a favor del serbio acusado de lavado de activos. Lo preocupante es que este serbio había sido cliente de la esposa de Godoy, lo que sugiere un claro conflicto de intereses.

Aunque Godoy y Gaibor intentan escudarse en la "ingenuidad" y alegar desconocimiento del caso, lo cierto es que Gaibor interfirió ilegítimamente en la libertad de actuación de un juez, lo cual constituye el delito de obstrucción a la justicia, sancionado con hasta siete años de prisión.

Más allá del delito, lo que está en juego es la credibilidad del Consejo de la Judicatura, cuya máxima autoridad, Godoy, aparece como el "claro responsable político" de este escándalo. Su permanencia en el cargo, más allá de "fingidas licencias", es inaceptable y representa "un sonoro bofetón que la dignidad nacional no puede seguir tolerando".

Los analistas coinciden en que Godoy debe renunciar de inmediato, y que el Consejo de la Judicatura debe ser renovado con personas "intachables" que puedan restablecer la confianza en el sistema de justicia ecuatoriano. De lo contrario, el país corre el riesgo de convertirse en "una nación muerta en vida".

La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación por el delito de tráfico de influencias, pero es evidente que el caso trasciende lo meramente judicial y tiene profundas implicaciones políticas. El Ecuador no puede darse el lujo de tolerar más escándalos de corrupción que socavan las bases de su sistema democrático.