La red de transporte público en nuestro país enfrenta serios desafíos, y según expertos, la raíz del problema se encuentra en una ley obsoleta que data de 1946. Edgar Guerra, especialista en movilidad urbana, señaló que esta normativa resulta "completamente insuficiente" para regular las complejas dinámicas del transporte actual.
"La ley que rige el transporte público en nuestro país fue concebida hace más de 75 años, en un contexto completamente diferente al que vivimos hoy", explicó Guerra. "No contempla los cambios tecnológicos, demográficos y sociales que han transformado la forma en que nos movemos por las ciudades".
Uno de los principales problemas, según el experto, es la falta de claridad en las responsabilidades y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno. "Hay un vacío legal que impide una planificación y gestión integral del sistema de transporte. Cada jurisdicción actúa de manera aislada, sin una visión de conjunto".
Esta situación se traduce en deficiencias en la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental del transporte público. "Los usuarios sufren las consecuencias de un sistema fragmentado y desactualizado, que no logra satisfacer sus necesidades de movilidad", lamentó Guerra.
Para el experto, es urgente la sanción de una nueva ley de transporte público que establezca un marco normativo moderno, flexible y adaptable a los desafíos del siglo XXI. "Necesitamos una regulación que fomente la integración modal, la innovación tecnológica y la participación ciudadana en la toma de decisiones", concluyó.
Ante este panorama, las autoridades se enfrentan al desafío de actualizar un sistema de transporte que se ha quedado rezagado en el tiempo. La modernización de la legislación se perfila como un paso clave para mejorar la calidad de vida de millones de usuarios que dependen del transporte público en nuestro país.
