El debate sobre el control político a la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro ha generado una profunda división en la cúpula del Congreso de Colombia. Mientras el presidente del Senado, Lidio García, anunció la convocatoria a sesiones para examinar los decretos adoptados bajo la emergencia, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó un respaldo abierto a la decisión del Ejecutivo.
La reciente medida de emergencia, implementada tras el fracaso de la reforma tributaria por 16,6 billones de pesos en el Capitolio, ha generado posturas opuestas entre los principales líderes legislativos. Lidio García considera que acudir a la emergencia supone una vía inconstitucional y una usurpación de competencias del poder legislativo, mientras que Julián López enfatizó en la necesidad de instrumentos excepcionales para evitar un impacto negativo en la población.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha mantenido la presión sobre la Corte Constitucional para que se mantenga la vigencia de la emergencia, advirtiendo sobre las consecuencias sociales de su posible derogación. Petro responsabilizó al Congreso y a la mayoría de la directiva del Banco de la República por rechazar la reforma tributaria 3.0 y aumentar la tasa de interés real, lo que, a su juicio, llevó a una situación de insostenibilidad de la deuda.
La división entre los líderes del Congreso refleja la tensión institucional respecto al alcance de los poderes extraordinarios del Ejecutivo y la defensa de la autonomía parlamentaria, dando el inicio de un periodo de intenso escrutinio y debate en los primeros meses del año entrante.
La Corte Constitucional ya informó que revisará la constitucionalidad de la medida una vez finalice la vacancia judicial, prevista para enero. Mientras tanto, el Senado fue citado para el 26 de diciembre, inicialmente para tratar ascensos en las fuerzas militares y policiales, pero se confirmó que Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) presentará una proposición para iniciar desde esa fecha el control político sobre la emergencia económica declarada por Petro.
El mandatario advirtió que el futuro económico de Colombia depende de la revisión que hará la Corte Constitucional del Decreto 1390, con el que se declaró la emergencia económica en el país. Petro recurrió a una analogía para ilustrar el problema fiscal: una familia entra en pobreza si sus salarios son insuficientes para cubrir sus necesidades y el crecimiento de esos ingresos es inferior al alza de los intereses de su deuda. En ese escenario, advirtió, el crédito se agota y el endeudamiento se vuelve insostenible.
Además, Petro reconoció la decisión de la Corte Constitucional de no interrumpir la vacancia judicial para revisar el decreto, pero denunció los beneficios que recibieron ciertos particulares, aludiendo al caso de Juan José Lafaurie y los subsidios de Finagro por más de $400 millones.
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la emergencia económica decretada por Petro refleja una profunda división institucional que se extenderá en los próximos meses, con la Corte Constitucional como árbitro final de la disputa.
