Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, advirtieron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el gobierno insiste en incorporar dentro del proyecto de reajuste del sector público una norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.
Los parlamentarios gremialistas calificaron la medida como un "amarre" e "inmoral", acusando al gobierno de intentar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente. "No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno", señalaron.
En esa línea, advirtieron que "si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo". Agregaron que iniciarán conversaciones con el resto de la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para una eventual acusación constitucional.
"El gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado", sentenciaron los diputados.
La disputa se produce luego de que el ministro Grau confirmara que el Ejecutivo reingresará al Congreso dicha disposición, pese a las críticas expresadas desde la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo.
Los legisladores de la UDI argumentan que la medida busca asegurar empleos permanentes a partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos, especialmente mujeres, sufren el drama de la cesantía. Consideran que esta práctica debe ser erradicada de la política chilena.
La eventual acusación constitucional contra el ministro Grau sería una nueva confrontación entre el gobierno y la oposición en torno a las políticas laborales y de empleo público. Ambas partes buscan imponer su visión sobre el rol del Estado y los criterios que deben regir los despidos y contrataciones en la administración pública.
