El gobierno boliviano oficializó esta semana el inicio del pago del bono PEPE denominado Programa Extraordinario de Protección y Equidad a partir de enero de 2026. La medida se enmarca en el Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre, que además de establecer el bono PEPE contempla otras prestaciones sociales como el aumento de la Renta Dignidad y el incremento del Bono Juancito Pinto.
Según explicó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, el PEPE consiste en tres pagos mensuales de Bs 150, que suman Bs 450 por beneficiario durante el primer trimestre de 2026. El programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad económica, incluidos padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, madres que hasta el 30 de noviembre de 2025 recibieron el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y quienes perciben el bono anual de indigencia.
El gerente de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, aseguró que no será necesario inscribirse ni actualizar datos para acceder al bono, ya que la institución cuenta con los registros correspondientes. Además, indicó que la Gestora está reforzando sus canales de atención al público y mejorando sus sistemas para evitar fraudes y cobros duplicados en todos los beneficios sociales.
Desde el oficialismo, el viceministro Morales justificó la medida como un esfuerzo por mitigar el impacto social de las recientes reformas económicas impulsadas por la actual administración. "Todo este grupo de personas va a recibir a partir de enero el bono de 150 bolivianos por tres meses. Es una tarea que venimos terminando de afinar juntamente con nuestra Gestora para que podamos arrancar sin ningún problema desde enero", afirmó.
La implementación del bono PEPE se produce en medio de protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales contra el Decreto Supremo 5503, que consideran un "ataque a los derechos laborales". Sin embargo, el Gobierno ha reiterado su compromiso de seguir adelante con las medidas anunciadas para fortalecer la protección social.
