El fenómeno de la procrastinación, es decir, la tendencia a postergar o retrasar la toma de decisiones y acciones necesarias, ha sido señalado por expertos como un síntoma preocupante en la gestión de las instituciones públicas. Según los analistas, esta práctica puede derivar en consecuencias adversas y hasta letales para el bienestar de la sociedad en su conjunto.
En un informe exhaustivo, los especialistas advierten que la prevalencia de comportamientos posponedores en los niveles más altos del Estado suele ser un indicador inequívoco de un mal funcionamiento generalizado. Cuando los responsables de la toma de decisiones evitan enfrentar problemas y conflictos, con la esperanza de que se resuelvan por sí solos, se corre el riesgo de que la situación se degrade aún más.
A diferencia del ámbito empresarial, donde los efectos negativos de la procrastinación se limitan al entorno privado, en las instituciones públicas el impacto es mucho más amplio y perjudicial. Los retrasos en los procesos, la deficiente calidad de los servicios y la fragilidad del entramado funcional terminan afectando a toda la población.
"Cuando se acumulan vejaciones, quejas, maltratos e incumplimientos jurídicos, y la respuesta de las autoridades es el 'dejar hacer y dejar pasar', se confrontan los propios códigos éticos", señala uno de los expertos consultados. En este sentido, el informe hace un llamado a los líderes políticos y administrativos para que asuman con responsabilidad y diligencia la resolución de los problemas que aquejan a la ciudadanía.
Citando a Maquiavelo, los analistas advierten que quien no detiene el caos cuando es pequeño, se ve obligado a combatirlo cuando ya es imparable. Por lo tanto, urge que las instituciones públicas adopten una actitud proactiva y decisiva para abordar los desafíos que enfrentan, en lugar de postergarlos indefinidamente.
