El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que negará la visa a un excomisario de la Unión Europea y a otros cuatro europeos, acusados de intentar "coaccionar" a plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren puntos de vista.
La medida apunta contra Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y quien lideró la regulación digital en Europa. El Departamento de Estado lo describió como "la mente maestra" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una legislación que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.
Según el comunicado del Departamento de Estado, estos "activistas radicales y ONG instrumentalizadas" han impulsado "medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses".
Breton, quien chocó con magnates tecnológicos como Elon Musk por hacer cumplir las normas de la UE, cuestionó la decisión y preguntó si "sopla de nuevo un viento de macartismo", en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.
"Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA", agregó Breton. A "nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan".
Además de Breton, la visa también le será negada a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH); Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la alemana HateAid; y Clare Melford, quien dirige la organización Global Disinformation Index (GDI).
El Departamento de Estado aseguró que estas organizaciones tienen la función de "reforzar" la DSA, una legislación que los conservadores estadounidenses han calificado como un arma de censura en contra del pensamiento de derecha en Europa, una acusación que la UE niega con vehemencia.
La decisión de negar las visas a estos europeos se enmarca en la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por la regulación de las redes sociales y la lucha contra la desinformación. Mientras que la UE busca imponer normas más estrictas, Washington acusa a Bruselas de intentar censurar el discurso político.
