El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha declarado este miércoles a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre en el país centroamericano. Esta decisión se produce en un clima de tensión por las denuncias de fraude de otros aspirantes a la Presidencia hondureña.
Según el CNE, Asfura ha obtenido 1.479.748 votos válidos, lo que representa el 40,27% de los sufragios, superando al candidato Salvador Nasralla, que cosechó el 39,53% de los votos, y a la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, con el 19,19%.
Sin embargo, el proceso electoral ha estado marcado por la polémica y las acusaciones de irregularidades. Marlon Ochoa, consejero del CNE por parte de la formación oficialista LIBRE, ha denunciado que la declaración final de la elección presidencial fue "impuesta desde una embajada" sin haber concluido el recuento de votos y sin resolver las denuncias de fraude.
Por su parte, el candidato Salvador Nasralla ha afirmado que la declaración de Asfura como presidente electo es "ilegal" y ha publicado ejemplos en redes sociales de supuestas violaciones en las actas electorales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que ha desplegado una misión de observación electoral en Honduras, ha reconocido las "dificultades experimentadas durante el proceso" y ha lamentado que aún no se haya completado el recuento total de los votos. Sin embargo, la OEA ha considerado que los resultados declarados por el CNE "reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas".
Pese a ello, la OEA ha advertido de que los resultados oficiales llegan "en un contexto poselectoral de extrema polarización y complejidad, que ha impedido que las autoridades electorales puedan trabajar con la tranquilidad y autonomía que es propia de una democracia".
Ante este escenario de incertidumbre y denuncias, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha pedido "terminar" con el recuento restante y "canalizar por la vía jurídica correspondiente" las impugnaciones existentes, con el objetivo de garantizar una transición de poder pacífica y conforme a la ley.
