El Gobierno de Bolivia ha lanzado un paquete de medidas económicas a través del Decreto Supremo (DS) 5503 con el objetivo de estabilizar la economía y proteger a la población. El decreto aborda diversos frentes, entre ellos el ajuste de precios de combustibles, la flexibilización del régimen cambiario y la implementación de amortiguadores sociales.
Según el diagnóstico del decreto, Bolivia enfrenta una crisis estructural marcada por desabastecimiento, inflación y deterioro de las reservas internacionales, en un contexto de déficit fiscal y diferenciales cambiarios. Para abordar esta situación, el DS establece nuevos precios para la gasolina y el diésel, implementando un período transitorio de seis meses.
En el frente cambiario, el decreto abre la puerta a una transición hacia una mayor flexibilidad, con la intención de ordenar el mercado y evitar que el traspaso del tipo de cambio a los precios erosione los esfuerzos de estabilización. El Banco Central contará con herramientas y líneas de liquidez para sostener la balanza de pagos, si bien algunos detalles operativos quedan pendientes de definir.
Además, el decreto incorpora medidas de protección social, como el Bono Juancito Pinto de 300 bolivianos, con el objetivo de compensar a los sectores más afectados por el ajuste. En materia de ingresos, se establece un aumento del salario mínimo a 3.300 bolivianos a partir de enero, aunque se congela los incrementos salariales en el sector público con algunas excepciones.
Si bien el decreto presenta algunos matices y puntos de tensión, en general sus medidas apuntan en la dirección correcta: ordenar precios, recomponer el frente externo y acompañar el ajuste con medidas sociales. La clave estará en la implementación y en la capacidad de las autoridades para ejecutar estas acciones de manera efectiva y con el menor impacto posible en la población.
