Después del colapso de la discoteca Jet Set en abril de 2025, que dejó más de 230 muertos, el Congreso Nacional de República Dominicana fue escenario de una oleada de iniciativas legislativas orientadas a reforzar la seguridad de las edificaciones y brindar apoyo a los afectados. Sin embargo, gran parte de estas propuestas permanece estancada en comisiones, sin aprobaciones definitivas hasta la fecha.
La tragedia de la discoteca Jet Set, en la que más de 230 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas, generó una consternación nacional e internacional. En las semanas siguientes, legisladores de distintos partidos sometieron más de una veintena de proyectos de ley y resoluciones, enfocados principalmente en la inspección, supervisión y certificación obligatoria de edificaciones públicas y privadas, especialmente aquellas destinadas a actividades recreativas o que concentran grandes cantidades de personas.
Entre las propuestas figuran la creación de un Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Edificaciones, la exigencia de inspecciones técnicas periódicas obligatorias según la antig edad de las construcciones, y la obligatoriedad de certificaciones visibles de seguridad estructural en establecimientos abiertos al público. También se plantearon proyectos para el mantenimiento obligatorio de infraestructuras como escuelas, hospitales y centros de entretenimiento.
Asimismo, se sometieron iniciativas de carácter social y conmemorativo, como la creación de un registro nacional de víctimas, medidas de asistencia económica y apoyo educativo para familiares y sobrevivientes, y resoluciones para declarar una fecha de recordación en honor a las víctimas y levantar memoriales en el lugar de la tragedia.
Sin embargo, pese al consenso inicial sobre la necesidad de prevenir tragedias similares, gran parte de estas iniciativas permanece estancada en comisiones legislativas, sin que hasta la fecha se hayan producido aprobaciones definitivas. El caso Jet Set reabrió el debate sobre la debilidad de los mecanismos de supervisión estructural en el país y la lentitud del Congreso para traducir el clamor social en reformas concretas.
Familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil insisten en que la tragedia no quede solo en promesas ni en proyectos engavetados. Estos proyectos corren el riesgo de perimir si no son aprobados antes del 12 de enero, cuando culmina la actual legislatura ordinaria.
