Honduras ha fallado en cumplir la gran mayoría de sus compromisos anticorrupción asumidos en los Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) entre 2012 y 2020, según un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El monitoreo ciudadano reveló que, de los 39 compromisos anticorrupción adquiridos por el país en ese período, solo 3 lograron completarse. La mayoría de las iniciativas permanecen incompletas o con avances parciales, lo que refleja dificultades institucionales, ausencia de mecanismos de implementación y falta de continuidad en las políticas públicas.
Entre los pocos avances positivos se destacan la creación de portales municipales de acceso a la información y el uso del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO). Sin embargo, estos esfuerzos no se han sostenido en el tiempo, y la suspensión del Portal Único de Transparencia en 2023-2024 y los recortes presupuestarios al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) evidencian una fragilidad estructural en la política de transparencia del país.
El estudio se enmarca en un contexto donde diversos indicadores internacionales señalan un deterioro en materia de integridad pública y gobernanza en Honduras, con debilidades persistentes en el control de la corrupción, la independencia institucional y los contrapesos democráticos.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de implementación, asegurar la continuidad de las políticas públicas y habilitar espacios de participación ciudadana que tengan un impacto real en la toma de decisiones. Expertos de la región también participaron en el análisis de la situación hondureña y el papel del monitoreo ciudadano frente a los compromisos de Gobierno Abierto.
