El gobierno uruguayo presentó una segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama, al que el Estado compró patrullas oceánicas. La instancia fue presentada este martes en la Fiscalía, donde concurrieron representantes del Área Jurídica de Presidencia de la República.
La semana pasada, el prosecretario de presidencia, Jorge Díaz, informó que se agregaría una pericia solicitada por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Esta pericia apunta a determinar que la firma digital en los documentos de garantía no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada en el mismo sello y en el mismo lugar.
Presidencia había presentado la primera ampliación de la denuncia penal el 28 de noviembre pasado. En ella se incluyó el informe del notario español que apuntaba a la falsedad de los documentos presentados en relación a la garantía.
Díaz insistió, en base a informes semanales que recibe Presidencia, que "hay incumplimientos por parte de la empresa" en la construcción de las patrulleras. Recordó que Cardama no tiene experiencia en la creación de ese tipo de embarcaciones y apuntó a un "cúmulo de irregularidades" en torno a la compra.
"Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya", sostuvo el prosecretario de Presidencia.
Además, Díaz señaló que dos de los funcionarios que estuvieron en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior y que participaron del caso "están hoy en comisión en el despacho de Javier García".
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró este lunes que el gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto (el contrato) que está en un proceso judicial se resuelva".
El gobierno uruguayo continúa profundizando su investigación sobre las irregularidades detectadas en la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama. Las denuncias apuntan a problemas con la garantía, incumplimientos contractuales y la falta de experiencia de la empresa en este tipo de embarcaciones. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene firme en su posición de no realizar más pagos hasta que se resuelva el proceso judicial en curso.
