La crisis en el Poder Judicial chileno escribió un nuevo y drástico capítulo este lunes. La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, sellando su salida inmediata del máximo tribunal y dejándolo inhabilitado para ejercer funciones públicas por los próximos cinco años.
La decisión fue contundente. Bastaba con la aprobación de uno de los capítulos para que la sanción quedara firme, pero el Senado visó dos. El primero, aprobado por unanimidad, apuntó directamente a su rol en el litigio entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec conocido como el caso "Muñeca Bielorrusa" que obligó a la estatal a pagar 12 mil millones de pesos.
Minutos antes de la votación, Simpertigue intentó una última defensa ante el hemiciclo, pidiendo "que hagan justicia conmigo". Su abogado, Juan Carlos Manríquez, argumentó vicios en el proceso de la Cámara de Diputados, pero los argumentos no lograron convencer a los senadores.
El tercer capítulo, que también fue aprobado, abordó sus vínculos con abogados imputados en la trama bielorrusa y un polémico viaje posterior, además de cuestionamientos por fallos en el caso Fundamenta. "Cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño es para la fe pública", se advirtió transversalmente durante el debate en Sala.
Con esta destitución, Simpertigue se suma a la lista de magistrados removidos por el Congreso en los últimos dos años, evidenciando una de las crisis más profundas del sistema judicial en décadas. Los nombres que completan esta nómina son:
- Ministro Hernán Larraín, destituido en 2021 por caso Corpesca.
- Ministra Silvana Donoso, destituida en 2022 por caso SQM.
- Ministro Jorge Dahm, destituido en 2021 por caso Penta.
El diputado Daniel Manoucheri, impulsor del libelo, celebró la decisión señalando que "la justicia no puede ser un club, no puede operar con lógica de amistad o favores". A su juicio, el caso bielorruso ejemplifica la vulneración total del deber de probidad e imparcialidad.
La destitución de Simpertigue es un nuevo golpe a la credibilidad de la Corte Suprema chilena, que enfrenta una crisis sin precedentes por los múltiples escándalos de corrupción que han salpicado a sus miembros en los últimos años. La ciudadanía espera que este tipo de decisiones ayuden a recuperar la confianza en un poder judicial que debe ser un pilar fundamental de la democracia.
