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Gobierno colombiano decreta "emergencia económica" tras rechazo de reforma tributaria

Gobierno colombiano decreta "emergencia económica" tras rechazo de reforma tributaria

El Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia decretó este lunes la "emergencia económica" por 30 días en todo el territorio nacional, luego de que el Congreso hundiera el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno colombiano señala que la medida busca enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

El presidente Petro defendió la declaratoria de la emergencia económica y argumentó que Colombia tiene "un déficit primario en las finanzas públicas" desde el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018). Criticó además al Congreso por "derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación (reforma tributaria) presentado por el Gobierno" y al Banco de la República (emisor) por mantener inalterada la tasa básica de interés en el 9,25%, nivel vigente desde abril.

Según Petro, esos dos hechos "desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda". En ese sentido, el mandatario explicó que "el decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan", en referencia a la reforma tributaria hundida.

La reforma tributaria rechazada por el Congreso fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro, quien le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024. La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.

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