La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el pedido de la diputada Graciela Ocaña de designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, argumentando que la solicitud era "prematura" y podría interferir con investigaciones judiciales en curso.
La IGJ explicó que hasta el momento no ha recibido respuestas de la AFA y la Superliga a requerimientos sobre observaciones en sus balances, por lo que no están dadas las condiciones para una veeduría. Además, aclaró que no tiene competencia para ordenar una intervención administrativa en asociaciones civiles como estas, siendo esa atribución exclusiva del Ministerio de Justicia.
La decisión pone un marco a la actuación de la IGJ, que la semana pasada había intimado a la AFA y la Liga Profesional a explicar sus balances. En su resolución, el organismo remarcó que cualquier medida de fiscalización extraordinaria deberá esperar la finalización de los procedimientos administrativos en marcha.
La presentación de Ocaña se produjo en un contexto de creciente atención pública sobre la situación institucional de la AFA, que en los últimos años ha estado bajo el foco judicial por diversas causas que motivaron investigaciones sobre su funcionamiento y balances.
El rechazo al pedido de veeduría deja en evidencia los límites legales para la intervención estatal en asociaciones civiles deportivas y expone el delicado equilibrio entre la fiscalización pública y la autonomía institucional del fútbol argentino. La atención queda ahora puesta en las respuestas que brinden la AFA y la Superliga antes del cierre de enero de 2026 y en las eventuales decisiones que pueda adoptar la Justicia en los procesos abiertos.
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