La represión estatal en Venezuela se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, con un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y violencia sexual en centros de detención, además de procesos penales sin garantías, según los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH/OHCHR).
En su actualización sobre el periodo posterior al 28J, la Misión de la ONU sostuvo que la persecución política incluyó también a niños y adolescentes: el mecanismo documentó que al menos 220 menores (de 13 a 17 años) fueron detenidos en ese contexto y que, durante su reclusión, se registraron episodios de incomunicación, tratos crueles, actos de violencia sexual y violaciones al debido proceso.
El diagnóstico de la Misión no describe hechos aislados, sino una lógica de represión. En su informe más reciente, el equipo señaló a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como un actor clave en la ejecución de violaciones sistemáticas, con detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante arrestos, siembra de pruebas, además de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB usadas como centros temporales de detención.
"La tortura, los malos tratos y los actos de violencia sexual que hemos verificado incluidas agresiones y violación no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y quebrar a las víctimas", afirmó la jefa de la Misión, Marta Valiñas.
La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, ha descrito el mismo periodo como un deterioro sostenido del espacio cívico, con detenciones arbitrarias en curso, el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de figuras como "incitación al odio" o legislación antiterrorista para restringir indebidamente libertades fundamentales.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron el punto de quiebre inmediato del ciclo de represión. Nicolás Maduro fue proclamado ganador con un resultado cercano al 52%, pero el anuncio quedó envuelto en controversia por la falta de desglose público y verificable por centros de votación. La oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, hizo públicas actas y registros que demuestran lo contrario, y el Centro Carter de Estados Unidos indicó que el proceso "no cumplió" estándares internacionales de integridad electoral.
Ante este escenario, los mecanismos de la ONU insisten en que el derecho penal no debe emplearse para recortar indebidamente libertades básicas como la expresión, la asociación y la protesta pacífica en Venezuela.
