Tras la promulgación del decreto 5503 que eliminó los subsidios a los hidrocarburos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira convocó a una reunión de emergencia con los principales dirigentes del transporte público de La Paz. En la cita, los representantes de las organizaciones de choferes buscaron llegar a un acuerdo para evitar un paro indefinido de actividades que estaba previsto para este lunes.
Santos Escalante, máximo dirigente de la Federación Chuquiagu Marqa, y Edson Valdez, de la Federación de Choferes 1 de Mayo, acudieron a la invitación del ministro de Obras Públicas en el Palacio de Gobierno. Allí, Escalante advirtió que "todo va a depender de la reunión de hoy", pues han visto que "dentro de las juntas vecinales, presidentes, control social, prácticamente ya lo están queriendo manejar políticamente esto, ya todo el mundo se siente salvador y lo están satanizando simplemente al transporte".
El dirigente hizo referencia a la reunión que el presidente Paz Pereira tuvo el sábado con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales y la Federación de La Paz, donde los representantes de estas organizaciones criticaron al transporte público por el "abuso en la imposición de tarifas" desde la vigencia del decreto que eliminó los subsidios.
"Ahora nos toca simplemente negociar con el gobierno y ver ¿cuáles son las posturas que nos van a colocar? porque nos han pasado la pelotita y están queriendo confrontar vecinos con transportistas", agregó Escalante.
Por su parte, el dirigente Valdez afirmó que el paro convocado para este lunes se mantiene porque así lo definieron los afiliados. "Algún rato nos reclamaba a nosotros que nosotros éramos los responsables. Mentira, es culpa de este decreto", declaró.
La vocera presidencial, Carla Faval, informó que el gobierno llegó a un acuerdo con el transporte pesado, lo que se traduce en la conformación de comisiones técnicas de trabajo para atender los requerimientos sectoriales. Esto incluye el diferimiento de créditos, el saneamiento tributario y la reducción al 0% del gravamen arancelario para la importación de llantas, repuestos e insumos.
Las conversaciones entre el gobierno y los transportistas públicos de La Paz buscan evitar un paro que podría agravar la crisis económica y social en la ciudad. Ambas partes intentan encontrar un equilibrio entre los intereses de los usuarios, los choferes y las arcas estatales.
