La Asamblea Nacional de Ecuador convocó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que rinda cuentas ante el pleno sobre hechos de conocimiento público que sugieren graves irregularidades en las actuaciones judiciales del país. La decisión, aprobada por una abrumadora mayoría de 142 votos, subraya la voluntad del Parlamento de ejercer su facultad fiscalizadora en un momento donde la transparencia del sistema de justicia se encuentra bajo el escrutinio social.
La sesión, presidida por Niels Olsen, se desarrolló de manera telemática pero culminó con la disposición de que la comparecencia de Godoy sea estrictamente presencial e indelegable. Según la resolución, el presidente del Consejo de la Judicatura tiene un plazo máximo de ocho días, hasta el 5 de enero de 2026, para presentarse ante los asambleístas, lo que ha forzado a considerar la suspensión del receso parlamentario originalmente programado.
El debate fue abierto por el asambleísta Andrés Castillo, quien enfatizó que la fiscalización es imperativa para despejar los rumores y absolver las dudas que circulan sobre la gestión de Godoy, especialmente tras la polémica renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano. La moción también incluyó el inicio de un proceso de investigación formal a cargo de la Mesa de Justicia.
Legisladores como Raúl Chávez y Xavier Lasso plantearon la necesidad de que el encuentro ocurriera en un lapso no mayor a 48 horas, dada la conmoción social que generan las denuncias de presiones a magistrados. No obstante, prevaleció el criterio de respetar el debido proceso constitucional, otorgando un tiempo prudencial para que Godoy prepare su defensa técnica.
El trasfondo de esta convocatoria se sustenta en las preocupantes alertas emitidas por el juez Carlos Serrano, quien presentó su renuncia irrevocable el pasado 4 de diciembre, denunciando amenazas directas contra su integridad y presiones por parte de un presunto funcionario del Consejo de la Judicatura. Según los reportes, se habría intentado influir en su decisión dentro de un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico.
A pesar de la gravedad de la situación, el Consejo de la Judicatura no aceptó la renuncia de Serrano bajo el argumento de que el magistrado mantiene causas de alta relevancia social. Sin embargo, la mayor controversia surgió al conocerse que el análisis de riesgo determinó apenas un 38% de peligrosidad, nivel que la Judicatura utilizó para no asignar resguardo personal permanente.
Durante la sesión, el legislador Otto Vera recordó casos precedentes como el de la jueza Nubia Vera, quien también habría sufrido presiones indebidas en el ejercicio de sus funciones. Vera fue enfático al señalar que el Consejo de la Judicatura no ha dado la talla para enfrentar la crisis judicial que atraviesa el Ecuador, sugiriendo que es necesaria una reestructuración profunda.
La asambleísta Viviana Veloz, del correísmo, calificó la convocatoria como necesaria pero insuficiente, sugiriendo que también debería comparecer el propio juez Serrano para exponer su testimonio directo. Veloz recordó que si existen responsabilidades por parte de Godoy, también se debe cuestionar al Consejo de Participación Ciudadana por su designación, así como a la Corte Nacional de Justicia por incluirlo en la terna.
Con la resolución en firme, la Presidencia de la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de fijar la fecha y hora exacta del encuentro presencial. La posibilidad de suspender el receso legislativo se mantiene como una opción latente para asegurar que el proceso no pierda impulso político ni jurídico durante las próximas dos semanas. Este escenario pone a prueba la capacidad operativa del Legislativo para responder a crisis institucionales de forma oportuna.
