La reciente desarticulación de una red de corrupción que operaba en siete recintos penales de Gendarmería de Chile ha puesto en evidencia la gravedad del problema que enfrenta la institución. Más allá de los casos puntuales, este megaoperativo levanta preguntas fundamentales sobre la responsabilidad de las jerarquías y la cooptación de las asociaciones de funcionarios por parte de estas redes de impunidad.
El artículo plantea que la solución no pasa solo por medidas administrativas, sino por enfrentar de raíz la corrupción enquistada en la institución. La presión de las asociaciones de funcionarios ha sido un factor clave para proteger a quienes transgreden y castigar a aquellos que se atreven a denunciar abusos o malas prácticas.
Esto ha debilitado el control interno y la capacidad de Gendarmería para cumplir con su función esencial de velar por la seguridad pública y los derechos humanos de las personas bajo su custodia. La corrupción carcelaria profundiza los tratos crueles, reproduce desigualdades y vulnera la dignidad de los reclusos.
Para abordar este problema de manera efectiva, se plantea la necesidad de intervenir en las estructuras gremiales que han dejado de cumplir un rol legítimo de representación sindical y se han convertido en redes de obstrucción, presión e impunidad. Solo así se podrá enfrentar la corrupción enquistada y recuperar la integridad de la institución.
Más allá de los ajustes administrativos, es fundamental que las autoridades asuman un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas en Gendarmería de Chile. Permitir que estas redes de impunidad sigan operando no solo debilita la seguridad pública, sino que también normaliza violaciones estructurales a los derechos fundamentales de los reclusos. Enfrentar este desafío es una condición indispensable para una política penitenciaria compatible con la democracia y los derechos humanos.
