La Administración del expresidente Donald Trump respondió a las críticas sobre la interceptación del supertanquero Centuries, que según voceros de la Casa Blanca transportaba petróleo perteneciente a la estatal venezolana PDVSA.
De acuerdo con la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, el buque operaba bajo una "bandera falsa" y formaba parte de una "flota en la sombra" diseñada para el tráfico de crudo. Kelly afirmó que el petrolero contenía petróleo de PDVSA sancionado, por lo que era un objetivo legítimo de la Operación Lanza del Sur.
"El petrolero contenía petróleo de PDVSA sancionado. Era un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado", dijo Kelly en respuesta a un artículo publicado por The New York Times, el cual señalaba que el Centuries no figuraba en las listas de sanciones oficiales.
La revelación del Times puso en duda la base jurídica del operativo, sugiriendo que la Guardia Costera y el Departamento de Guerra actuaron sin una orden administrativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sin embargo, la Casa Blanca desestimó estas críticas argumentando que la procedencia del crudo y el uso de identidades marítimas fraudulentas son motivos suficientes para la interceptación.
Previamente, la agencia Bloomberg había confirmado que los 2 millones de barriles de petróleo a bordo pertenecían a una empresa de China. A pesar de las advertencias sobre posibles violaciones al derecho internacional y a la libre navegación, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ratificó que las operaciones de interceptación continuarán de forma inquebrantable.
La Operación Lanza del Sur, lanzada durante la Administración Trump, tiene como objetivo interrumpir el tráfico de petróleo venezolano, una importante fuente de ingresos para el gobierno de Nicolás Maduro. Según la Casa Blanca, el Centuries era parte de una "flota fantasma" utilizada por Venezuela para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La interceptación del supertanquero se produce en un momento de tensión entre Washington y Caracas, con la Administración Biden manteniendo una política de presión económica y diplomática contra el gobierno de Maduro. La defensa de la Administración Trump de esta acción refleja la continuidad de la estrategia de "máxima presión" hacia Venezuela, a pesar del cambio de gobierno en Estados Unidos.
