La Fiscalía Metropolitana Occidente ha revelado detalles escalofriantes sobre una red de corrupción y tráfico ilegal que involucra a funcionarios de Gendarmería en diversas cárceles de la región. Durante la tercera jornada de formalización del caso, conocido como "Operación Apocalipsis", el fiscal Sergio Soto expuso cómo estas estructuras criminales operaban dentro de los penales, ingresando todo tipo de artículos prohibidos a cambio de sobornos y favores sexuales.
Según la investigación, los funcionarios de Gendarmería, conocidos como "manilleros", se organizaban en bandas para facilitar el ingreso de encomiendas con alimentos, perfumes, alcohol, cigarrillos, electrodomésticos e incluso elementos para realizar asados dentro de las cárceles. Una testigo reveló que llegaba a pagar entre 40 y 50 mil pesos a uno de los jefes de estas redes por dejar pasar sus encomiendas, e incluso mencionó que el funcionario le solicitaba favores sexuales a cambio.
El fiscal Soto detalló que lograron recopilar alrededor de 100 escuchas telefónicas, con cerca de 3 mil horas de conversaciones analizadas, además de revisar 9 mil transacciones comerciales e investigar el patrimonio de los imputados. Esto les ha permitido develar la estructura y el prolongado período de tiempo en que estas actividades ilícitas se venían desarrollando.
"Acá creemos que este grupo de imputados se burló del sistema penal", señaló Soto al finalizar la audiencia, reflejando la gravedad de los hechos. Según el fiscal regional Marcos Pastén, esta investigación tiene una "gran relevancia" en el contexto actual, donde la ciudadanía reclama mayor seguridad y se avizora el peligro del crimen organizado.
La Fiscalía ha imputado cargos de cohecho agravado a los funcionarios de Gendarmería y soborno a los civiles involucrados. Hasta el momento, seis personas se encuentran con arresto domiciliario y dos más con prisión preventiva, a la espera de que se continúe con la formalización del caso este lunes.
Este escándalo pone en entredicho la integridad y el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y el cumplimiento de la ley en el país, generando un profundo cuestionamiento sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas para combatir la corrupción en el sistema penitenciario.
