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La importancia de la competencia institucional para el funcionamiento del Estado

La importancia de la competencia institucional para el funcionamiento del Estado

La confusión o duplicidad en las competencias institucionales es uno de los principales problemas de gestión pública en Guatemala, según un análisis de expertos. Cuando no está claro hasta dónde puede actuar una autoridad, cuándo debe hacerlo y bajo qué límites, el Estado y los órganos extrapoder pierden coherencia funcional y dejan de cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales.

El artículo 154 de la Constitución guatemalteca desarrolla el principio de sujeción a la ley, estableciendo que la función pública debe realizarse de acuerdo con un marco normativo vigente. Sin embargo, la debilidad institucional a menudo no proviene de mala voluntad o falta de recursos, sino simplemente de no saber quién debe hacer qué.

Cuando la competencia se aplica de manera deficiente, surgen fallas críticas que deterioran el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Algunos de los problemas más evidentes son la ausencia de responsabilidad, la inhibición institucional por temor a extralimitarse y la ineficiencia estructural, con duplicidades, trámites interminables y decisiones que se neutralizan entre sí.

En los últimos años, la importancia del principio de competencia se ha vuelto más visible, y se han utilizado mecanismos legales para clarificar estos conflictos. Un ejemplo reciente es la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 219-2024, donde se estableció que la autonomía municipal otorga a los concejos municipales la competencia exclusiva para aprobar concesiones de servicios públicos locales, sin intervención del Congreso.

Expertos señalan que este principio debe observarse en todo momento, especialmente en los procesos de formación de ley y en el diseño de políticas públicas. Las políticas no fracasan por falta de intenciones, sino por falta de institucionalidad funcional.

En conclusión, la competencia institucional es una condición esencial para que el Estado funcione y para que el ciudadano tenga certeza sobre quién decide, cómo decide y con qué límites. Respetar la competencia no significa actuar menos, sino hacerlo mejor, con fundamento, coherencia y responsabilidad.

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