La Asamblea Legislativa de Costa Rica vivió una jornada trascendental al debatir y finalmente rechazar, por apenas tres votos, la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad constitucional al presidente Rodrigo Chaves Robles por beligerancia política electoral.
La diputada Cynthia Maritza Córdoba Serrano, quien formó parte de la comisión especial que analizó el expediente, expresó que después de leer los dos informes y las evidencias que circulan, no le quedaba duda de que el presidente cometió beligerancia política al utilizar su cargo para influir indebidamente en procesos electorales.
El informe de mayoría de la comisión recomendaba el levantamiento de la inmunidad, argumentando que el TSE tiene competencia constitucional y que el desafuero no es una sanción, sino una condición habilitante para que opere la igualdad ante la ley. Sin embargo, el informe de minoría manejó una "confusión grave de competencias institucionales" y desnaturalizó el procedimiento, convirtiéndolo en un "juicio político encubierto".
Córdoba lamentó que, pese a las denuncias serias contra el presidente, la Asamblea haya decidido proteger la "impunidad política" y debilitar la percepción de justicia y responsabilidad pública. Advirtió que esto abre un "portillo peligroso" para futuros políticos que quieran usar su cargo con fines electorales.
La diputada calificó la decisión como un retroceso para la democracia costarricense, que debilita los contrapesos institucionales y pone en riesgo el Estado de derecho. Pidió perdón a las futuras generaciones por no haber logrado evitar este resultado, que considera una "herida sangrante" para la democracia del país.
