La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió una declaración pública en la que expresó su rechazo rotundo a la iniciativa del Gobierno de incorporar una "norma de amarre" al proyecto de ley de reajuste del sector público. Los parlamentarios gremialistas emplazaron directamente al Socialismo Democrático y advirtieron que no descartan acciones legales y constitucionales para impedir la aplicación de esta medida.
En el documento, los diputados de la UDI sostienen que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo encabezado por el presidente Gabriel Boric constituye una conducta "impropia, deshonesta e irresponsable" que "vulnera directamente los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben regir la función pública".
Según la declaración, la norma "perjudica gravemente a los funcionarios de carrera del país", quienes han sido fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del Estado, y además "abre la puerta a la creación de una verdadera 'planta paralela' en la administración pública", integrada solo por operadores y activistas políticos afines al Gobierno.
En ese sentido, la bancada gremialista apunta que la medida "incentiva la judicialización", debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e "ignora sucesivos fallos de la Corte Suprema", erosionando la institucionalidad y afectando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
Uno de los ejes centrales del documento es el emplazamiento transversal a los partidos con representación en el Congreso, con un llamado explícito al Socialismo Democrático, a quienes instan a actuar con "absoluta responsabilidad y consecuencia". A juicio de la UDI, respaldar la norma implicaría aprobar una disposición "contraria al interés general del país" y que "solo busca beneficiar a personas designadas por fines ideológicos".
Asimismo, los diputados señalaron que este tipo de medidas refleja una oportunidad perdida para "dejar atrás prácticas que han sido un lastre para el Estado" y que, por el contrario, profundiza una lógica de "privilegiar el 'ningún pudor', el pituto, la cercanía y la mediocridad, en desmedro del mérito, la excelencia y el servicio al país".
Finalmente, la bancada de la UDI recalcó que no descarta ejercer todas las acciones legales y constitucionales que sean necesarias para impedir la aplicación de esta norma, advirtiendo que su implementación podría terminar por "degradar el aparato público hasta convertirlo en una verdadera agencia de empleo al servicio del actual Gobierno y no de los intereses generales del país".
