El Ministerio Público en la región del Catatumbo, ubicada al noreste de Colombia, ha manifestado su profunda preocupación por la falta de resultados de la fuerza pública ante los más de 60 casos de secuestro registrados durante 2025.
Según el personero de Ocaña, Jorge Bohorquez, las autoridades estatales y de seguridad han mostrado "inercia" en su actuación, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad de reacción y los métodos utilizados para contrarrestar este fenómeno delictivo.
El análisis del personero revela que los secuestros en la región tienen una dinámica diferenciada, donde la respuesta oficial suele variar en función de la notoriedad de la víctima. Mientras que los casos que involucran a personas reconocidas a nivel nacional reciben mayor atención y recursos, los ciudadanos comunes quedan en una situación de vulnerabilidad frente a las exigencias económicas de los captores.
"Parece que los secuestros se han clasificado, se han estratificado en el municipio de Ocaña", señaló Bohorquez, quien denunció la ausencia de intervenciones efectivas que permitan la recuperación de las víctimas por medios operativos. En su lugar, la mayoría de los secuestrados son liberados luego de que sus familias acceden a las peticiones económicas de los grupos delictivos.
Esta situación contrasta con la respuesta estatal en otras regiones del país, donde se observan mejores resultados cuando las víctimas pertenecen a sectores influyentes, como familias de artistas o políticos.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de una acción estatal sostenida y coordinada para garantizar la vida, la paz y la dignidad en el Catatumbo, una región impactada por una crisis humanitaria que ha afectado a más de 86.000 personas entre enero y septiembre de 2025.
Según la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el Catatumbo afronta una emergencia que exige una respuesta integral, sostenida y con enfoque diferencial, más allá de la atención inmediata. Además, se ha advertido sobre la necesidad urgente de que el Estado implemente una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, territorial y diferencial, tal como lo recomendó en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025.
La situación en el Catatumbo pone en evidencia la necesidad de una mayor eficacia y compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad y la protección de todos los ciudadanos, independientemente de su perfil o condición social. La crisis humanitaria que afecta a esta región exige una respuesta urgente y contundente por parte del Estado colombiano.
