El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha dado un nuevo paso contra la libertad religiosa. Las autoridades han prohibido el ingreso de Biblias a Nicaragua, una medida que afecta directamente a turistas y viajeros que intentan ingresar al país por vía terrestre.
El sitio web independiente 100%Noticias confirmó la restricción, verificándola con fuentes de la empresa de transporte internacional Tica Bus, que opera rutas entre San José, capital de Costa Rica, y Managua. La empresa se vio obligada a colocar avisos oficiales en las estaciones de autobuses, advirtiendo a los pasajeros sobre los artículos que no pueden ingresar al país. Entre los artículos prohibidos se incluyen Biblias, libros, revistas, periódicos y cámaras, así como cuchillos, alimentos perecederos y drones.
Para el sacerdote exiliado Edwin Román, la prohibición de las Sagradas Escrituras no es un acto aislado ni administrativo, sino una decisión política con profundas implicaciones espirituales y sociales. En declaraciones a 100% Noticias, Román afirmó que la Biblia contiene un mensaje que interpela al poder, denuncia la injusticia y se solidariza con los oprimidos: "Cristo es la palabra que interpela y libera. Por eso prohíben la lectura, no solo de textos religiosos, sino de cualquier lectura que permita ver un horizonte diferente al que la dictadura pretende imponer".
Esta medida se enmarca en un contexto de creciente represión y restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua bajo el gobierno de Ortega. Desde 2018, el régimen ha llevado a cabo una campaña sistemática de persecución y acoso a la Iglesia católica, cerrando medios de comunicación, expulsando a sacerdotes y obispos, y encarcelando a líderes religiosos.
La prohibición de la entrada de Biblias es vista por analistas como un intento del gobierno de Ortega por controlar y limitar el acceso a información y a ideas que puedan cuestionar su autoritario y represivo gobierno. Al impedir la libre circulación de las Sagradas Escrituras, el régimen busca asfixiar el pensamiento crítico y la capacidad de la población de acceder a fuentes de información alternativas.
Esta medida es condenada por organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad religiosa, quienes la consideran un ataque frontal a los derechos fundamentales de los nicarag enses. Exigen al gobierno de Ortega que respete la libertad de culto y de expresión, y que ponga fin a la persecución de la Iglesia y de los creyentes en el país.
